Los dos principales responsables de la Asociación para la Defensa y Protección de los Animales 'Parque Animal' de Torremolinos detenidos este jueves están imputados, entre otros delitos, por maltrato animal. Se les acusa de supuestamente sacrificar «de forma continuada, masiva, deliberada e injustificada» hasta 2.230 animales aplicando bajas dosis de medicamento letal, lo que producía una muerte lenta, según informó ayer la Guardia Civil. Los tres detenidos han quedado en libertad con cargos y con la obligación de presentarse en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes.

Los investigadores del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil pudieron constatar que en estas instalaciones presuntamente se llevaban a cabo «sacrificios masivos», con hasta medio centenar de perros y gatos de una vez; y no por vía venosa, sino subcutánea, lo que habría prolongado su agonía, según informaron fuentes cercanas al caso.

De hecho, los agentes intervinieron en la sede hace tres semanas mientras se estaba produciendo una de estas escenas, y observaron a unos 50 perros que al parecer acababan de ser sacrificados.

Se ha remitido a Criminalística del Seprona una veintena de cadáveres para que confirmen el producto usado y la forma en que se produjo la muerte.

Los agentes han podido localizar a través de los microchip de identificación a los antiguos propietarios de algunos de los animales, quienes manifestaron que los responsables de la protectora les habían comunicado que su perro había sido adoptado por otra familia, cuando en realidad estaba muerto.

Denuncia de un testigo
Los sacrificios masivos de animales se efectuaron entre el año pasado y éste, y un veterinario que ejerció su actividad en la asociación lo denunció en junio pasado, lo que dio lugar a la actuación del Seprona.

La Guardia Civil informó en un comunicado de que a la directora de la protectora, Carmen Marín, se le imputan cuatro delitos más, entre ellos intrusismo profesional, al inyectar a los animales un producto eutanásico sin titulo para ello; y apropiación indebida, por no devolver en el plazo de permanencia legal animales entregados en su centro para su posterior adopción.

También se le imputan los delitos de falsedad documental, por supuestamente falsificar la firma de veterinarios y hacer uso fraudulento del número de colegiado y el sello oficial en los listados de animales sacrificados e incinerados que remitía al Ayuntamiento de Torremolinos; así como un delito de estafa.

El encargado, F. B. G., también está acusado de maltrato y de intrusismo profesional, al igual que la directora. En esta actuación de los agentes coordinada con la Fiscalía de Medio Ambiente, hay un tercer arrestado, V. A. C. V., veterinario de la entidad, a quien se le imputa falsedad documental, lo mismo que se le atribuye a otro veterinario del colectivo no detenido, F. W. M.
Respecto al delito de falsedad documental, se concreta en el uso de recetas oficiales firmadas en blanco sin fecha por un veterinario, que la responsable al parecer completaba con la cantidad y producto eutanásico para posteriormente entregarlo a la empresa suministradora. Sin embargo, ese profesional de la veterinaria ni siquiera era conocido por la directora en esa fecha y fue contratado meses después.

En cuanto al delito de estafa que se le imputa a ella, procede del supuesto incumplimiento de las condiciones exigidas por el Ayuntamiento, ya que la dirección cobraba sistemáticamente 60 euros en concepto de tasas a quienes entregaban animales.

La directora presentó una denuncia en la que acusó al veterinario y a un peluquero canino de los sacrificios, pero, según la Guardia Civil, en el momento de esos supuestos hechos el primero estaba en dependencias policiales prestando declaración ante los instructores.

Esto solo tiene un nombre. Asesinos.